Un ciudadan(a) acudió a realizar el pago del servicio de agua y, de acuerdo con su testimonio, habría recibido un trato presuntamente, grosero y poco sensible por parte de C. Gibran Albañil Xalate, quien se encuentra encargado de la atención a los usuarios.
La situación, según lo relatado, habría provocado que la mujer rompiera en llanto, particularmente por las circunstancias que enfrenta al tener a su cargo un hijo con discapacidad. Que una persona tenga la obligación de pagar por un servicio no significa que deba soportar malos tratos. La ciudadanía tiene derecho a recibir una atención respetuosa, digna y humana por parte de quienes están para servirle.
A estas inconformidades se suman señalamientos sobre la manera en que este trabajador presuntamente se dirige a algunos usuarios. Hay quienes aseguran que, lejos de explicar los procedimientos con claridad y paciencia, utiliza explicaciones confusas o en un tono que hace sentir a las personas ignorantes o incapaces de comprender algo que debería explicarse de manera sencilla y respetuosa. Atender al ciudadano no consiste en hacerlo sentir menos por no conocer los términos o procedimientos administrativos.
Pero los señalamientos no terminan ahí. También han surgido acusaciones que, por su gravedad, tendrían que ser investigadas formalmente: presuntas solicitudes de dinero a cambio de realizar ajustes, convenios o trámites relacionados con el servicio de agua.
De igual manera, se han hecho comentarios y acusaciones sobre un supuesto trato especialmente amable o distinto hacia determinadas mujeres cuando existiría algún posible beneficio personal de por medio, incluyendo señalamientos particularmente delicados sobre presuntas insinuaciones o solicitudes de carácter íntimo a cambio de facilitar ajustes o saldar adeudos. Estas versiones no deben darse por ciertas sin una investigación y las pruebas correspondientes, pero precisamente por la naturaleza de lo señalado, tampoco deberían ignorarse.
Si alguno de estos hechos se acredita, estaríamos hablando de conductas que ameritarían una intervención seria de las autoridades responsables y, en su caso, las sanciones correspondientes.
La pregunta es sencilla: ¿qué está pasando con la atención al ciudadano?
Las personas que acuden a pagar, aclarar un adeudo o resolver cualquier asunto relacionado con el servicio de agua no están pidiendo un favor. Están cumpliendo con una obligación y tienen derecho a ser atendidas con respeto, paciencia, claridad y dignidad, independientemente de su condición económica, su nivel educativo o sus circunstancias personales.
También sería importante que la autoridad correspondiente escuche a los usuarios, revise los señalamientos y establezca mecanismos para que cualquier posible abuso pueda ser denunciado y atendido de manera formal.
Porque una oficina pública no es lugar para humillar, intimidar ni aprovecharse de la necesidad de la gente.
¿Qué pasó, Rafa, con este tipo de gente?
